El alcalde del cantón Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, fue detenido la madrugada de este miércoles, 3 de junio de 2026, como parte de una exhaustiva investigación liderada por la Fiscalía General del Estado en torno a una presunta y compleja estructura delictiva dedicada al lavado de activos. El operativo policial dejó además un saldo de otros siete ciudadanos detenidos, entre los cuales se incluye a un juez en funciones de la provincia de Sucumbíos, exjueces y diversos funcionarios del sistema judicial ecuatoriano. Aunque la Fiscalía aún no ha detallado públicamente la totalidad del caso penal, el ministro del Interior, John Reimberg, compareció ante los medios para referirse a las investigaciones de inteligencia, precisando que las indagaciones arrancaron formalmente hace un año tras una alerta obligatoria emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De acuerdo con las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, esta red delictiva habría operado de manera sistemática a través de empresas directamente vinculadas al alcalde de Esmeraldas. Los análisis técnicos de inteligencia financiera revelaron que la organización criminal funcionaba detrás de una aparente fachada de legalidad comercial, mediante la cual lograron obtener una suma estimada de entre USD 15 millones y USD 17 millones de origen presuntamente ilícito.
Para ocultar el rastro de la millonaria cantidad de dinero, la estructura implementó un esquema de blanqueo basado en la utilización de empresas relacionadas, la realización de transferencias bancarias a terceras personas y la ejecución de operaciones financieras de alta complejidad. La UAFE identificó de manera puntual transferencias que bordean los USD 7 millones, determinándose que aproximadamente USD 240.000 de esos fondos institucionales estaban dirigidos de forma específica a cuentas de funcionarios públicos. Asimismo, los peritos financieros detectaron retiros masivos de dinero en efectivo por un monto aproximado de USD 320.000, además de operaciones logísticas mediante el uso de transporte de valores que alcanzaron cerca de USD 980.000.
La investigación sitúa a una de las empresas del alcalde de Esmeraldas como el supuesto vínculo directo con la estructura criminal. El ministro Reimberg aseguró de forma taxativa que la compañía Reypezpacific S.A., entidad de la cual el alcalde Vicko Villacís es el accionista principal, mantenía vínculos comerciales y financieros con personas y compañías que ya se encontraban siendo investigadas por el delito de lavado de activos. De acuerdo con el reporte oficial del Ministerio del Interior, la firma propiedad de Villacís Tenorio registraba nexos con Pezymar Export S.A., una empresa que actualmente es procesada por lavado de activos y que estaría relacionada de forma directa con Flavio Leonardo Briones Chiquito, conocido bajo el alias de ‘Mexicano’. Este ciudadano fue identificado por las autoridades de inteligencia como el financista de la organización delictiva Los Lobos y fue asesinado en la ciudad de Manta durante el año 2025.
Con respecto al despliegue de las detenciones, el alcalde Vicko Villacís fue capturado durante los allanamientos ejecutados la madrugada del miércoles e inmediatamente trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la ciudad de Quito, urbe en donde será procesado formalmente por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos correspondiente. En el mismo operativo, las fuerzas del orden capturaron a los operadores de justicia implicados en la red. Entre ellos consta el juez de la localidad de Nueva Loja, Jorge Pinos, quien previamente se había desempeñado como juez en la provincia de Esmeraldas.
De manera simultánea, las intervenciones se extendieron a otras regiones del país. En la provincia de Santa Elena se ejecutó la detención del exjuez Klever Salcedo. Por otra parte, en la provincia de Esmeraldas, la Policía Nacional detuvo a dos funcionarios en funciones pertenecientes a la Unidad Judicial del cantón Atacames.
El caso expone una presunta contaminación de los estamentos municipales y judiciales por parte de economías criminales, marcando el inicio de un proceso judicial en Quito que determinará el grado de responsabilidad del alcalde y los funcionarios capturados en el esquema de lavado de activos.
