Por medio de un dictamen constitucional de última hora, una jueza perteneciente al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó formalmente sin efecto la cancelación legal del Partido Unidad Popular, Lista 2, tras aceptar a trámite un recurso de impugnación presentado por los líderes de dicha organización política de cara a los próximos comicios seccionales de noviembre. Esta resolución de carácter judicial se emitió de manera oficial este miércoles 3 de junio de 2026. El fallo altera de forma directa la configuración de las fuerzas políticas que competirán en el país, suscitándose en un momento álgido de la política ecuatoriana donde ya se define de manera paralela cómo está estructurado el mapa de los precandidatos para las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca en las próximas elecciones seccionales para elegir gobiernos locales.
El argumento principal plasmado por la jueza electoral, Ivonne Coloma, determina con precisión jurídica que la eliminación de este partido político del Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas en el Ecuador fue resuelta por la autoridad de control fuera del límite temporal legalmente establecido por la normativa vigente. Además, la magistrada enfatizó que la sanción se dio justo en medio de los preparativos logísticos y administrativos de los comicios en los que la ciudadanía elegirá a las nuevas autoridades de los gobiernos locales. A pesar de que se trata estrictamente de una sentencia de primera instancia, lo que implica que el dictamen puede ser apelado formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ante el Pleno del TCE, Coloma declaró la nulidad absoluta de las resoluciones previas del organismo, aclarando de forma explícita que no se ha pronunciado sobre si la organización de izquierda cumple o no con los requisitos definitivos de permanencia en dicho registro estatal.
«Luego del análisis correspondiente, esta juzgadora acepta el recurso al verificar que la cancelación fue resuelta fuera del límite temporal previsto en el artículo 327 del Código de la Democracia y sin el respaldo suficiente sobre el número de afiliados que sustentó la causal aplicada», reza textualmente la resolución emitida por el Tribunal Contencioso Electoral. En consecuencia directa de este hallazgo pericial, el documento judicial agrega de forma taxativa que «(se) declara la nulidad de las resoluciones recurridas, sin pronunciarse sobre el cumplimiento actual de los requisitos de permanencia, cuestión que le corresponde al Consejo Nacional Electoral».
Este suceso jurídico trae a colación el recuerdo histórico de que, luego de 12 años de la eliminación definitiva del Movimiento Popular Democrático (MPD), el caso de Unidad Popular vuelve a golpear de manera directa a la tendencia de izquierda de la República del Ecuador. Por otra parte, dentro del cuerpo del documento legal, la jueza del TCE también dispuso expresamente al CNE que, en el ejercicio pleno de cada una de sus competencias institucionales, «realice el examen técnico y jurídico que corresponda sobre el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Partido Unidad Popular, Lista 2, en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas».
Desde el inicio formal del proceso de cancelación tramitado en las oficinas del CNE, la tesis defensiva sostenida firmemente por Unidad Popular apuntaba a que el límite legal y cronológico para que el pleno del organismo tomara este tipo de resoluciones de extinción partidaria venció definitivamente el pasado 3 de abril, es decir, exactamente 120 días antes de que se realice la convocatoria oficial a las elecciones seccionales. Por tal motivo, la defensa técnica del partido político aseguraba con vehemencia que el organismo electoral del Estado actuó y dictó la sanción de eliminación con 23 días de retraso respecto a ese plazo fatal determinado por la legislación ecuatoriana.
Con este dictamen de primera instancia, la Lista 2 recupera de forma provisional sus derechos de participación, obligando al Consejo Nacional Electoral a revisar sus informes de afiliación técnica bajo el fantasma del vencimiento de plazos, mientras el tablero político ecuatoriano se recalienta con miras a la campaña de noviembre.
