El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) modificó drásticamente la sanción política que pesaba sobre los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Eduardo Franco Loor y Augusto Verduga. En una resolución emitida la noche del 17 de octubre de 2027, el juez Patricio Maldonado aplicó el principio de favorabilidad para reducir la inhabilitación de cuatro años a solo uno. Este cambio permite que los exfuncionarios, identificados con el correísmo, puedan presentarse como candidatos en las elecciones de 2026.
Reducción de la Inhabilitación y el Principio de Favorabilidad
La sentencia original, ejecutoriada en el caso 123-2024-TCE, dictaminaba que Franco Loor y Verduga perdían sus derechos políticos hasta 2029. La condena se había fundamentado en la demostración de que ambos violaron la prohibición de realizar proselitismo político durante sus candidaturas al CPCCS, evidenciando su vinculación con el movimiento Revolución Ciudadana.
Con la decisión del juez Maldonado, la inhabilitación se limita al período comprendido entre el 7 de febrero de 2025 y el 7 de febrero de 2026. De esta manera, los exconsejeros recuperan sus derechos políticos de manera inmediata en la práctica.
Puerta Abierta a Candidaturas 2026
El fallo judicial tiene un impacto directo en el calendario electoral. Ahora, Franco Loor y Verduga quedan habilitados para participar en futuros comicios. Específicamente, podrían postularse para una eventual Asamblea Constituyente, cuyas inscripciones se prevén para febrero de 2026 si el ‘Sí’ se impone en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025.
Además, los exconsejeros podrían ser candidatos en las elecciones generales de 2026, cuyo proceso de inscripción está programado para agosto y septiembre de ese mismo año.
Situación Penal: El Caso Liga Azul Persiste
Mientras la sanción política se minimiza, la situación legal de los exconsejeros en el ámbito penal se mantiene inalterada. La Fiscalía General del Estado continúa impulsando la investigación del denominado caso Liga Azul, también conocido como Ligados.
Esta investigación penal se centra en un presunto delito de asociación ilícita que, además de Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, involucra a Yadira Saltos y a la actual consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz. Los detalles sobre los avances de este proceso penal se desarrollan de forma paralela a la controversia generada por la reducción de la sanción electoral.
Críticas al Uso de la Favorabilidad
La aplicación del principio de favorabilidad por parte del juez Maldonado en un caso de sanción política ha generado una ola de críticas en el ámbito legal y social. La decisión permite que dos figuras directamente asociadas a la Revolución Ciudadana regresen al ruedo electoral en un momento clave para el país, mientras el expediente penal por presunta asociación ilícita sigue abierto.
