La bancada de la Revolución Ciudadana anunció este 31 de marzo de 2025 que presentará un pedido de juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por su inasistencia reiterada a la Comisión de Fiscalización. La solicitud se fundamenta en dos casos clave: contrataciones emergentes de Celec y el controvertido proceso de adjudicación del Campo Sacha (Bloque 60).
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización e integrante de la Revolución Ciudadana, confirmó que se procederá con el pedido de juicio político en los próximos días. La medida responde a la negativa de Manzano de comparecer ante la comisión legislativa, a pesar de haber sido convocada en cuatro ocasiones para explicar irregularidades relacionadas con el sector energético y petrolero.
La Comisión investiga dos temas principales:
- Contrataciones emergentes de Celec : Se indaga sobre convenios realizados con las empresas Progen Industries y Austral Technical Management, cuya legalidad ha sido cuestionada.
- Proceso de adjudicación del Campo Sacha (Bloque 60) : La mesa legislativa busca esclarecer las irregularidades en torno a la adjudicación del campo petrolero Sacha, donde el consorcio Sinopetrol no cumplió con el pago de una prima de USD 1.500 millones, fijado como condición para operar el bloque.
Aguirre criticó duramente la actitud de la ministra, señalando que su ausencia obstaculiza la fiscalización de asuntos prioritarios para el país. “Seguiremos fiscalizando la gravedad de lo que sucede en el sector eléctrico y en el sector de hidrocarburos”, afirmó la legisladora.
Además, Aguirre anunció que presentará quejas formales contra los asambleístas que integran la mesa de la Comisión, a quienes acusa de obstaculizar la investigación. Según ella, estas acciones violan resoluciones previamente aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional.
El caso del Campo Sacha ha generado especial controversia. El 11 de marzo de 2025 venció el plazo para que Sinopetrol pagara la prima requerida, pero la empresa no cumplió con esta obligación. A pesar de ello, la Comisión de Fiscalización alertó que el trámite no fue dado de baja, ya que el Gobierno estaría buscando negociar con otras compañías para continuar el proceso.
La decisión de la bancada de la Revolución Ciudadana refleja la creciente tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo en temas de transparencia y rendición de cuentas. Mientras tanto, el futuro del Campo Sacha sigue siendo incierto, generando preocupaciones sobre la gestión de los recursos estratégicos del país.
