La Bancada Ciudadana, liderada por Revolución Ciudadana (RC), se reunió este jueves con dos temas prioritarios en agenda. El primero fue ratificar su postura de oposición al informe de primer debate de la Ley Urgente, propuesta por el gobierno de Daniel Noboa para combatir las economías criminales. Sin embargo, el segundo punto dominó la discusión: el futuro político del asambleísta Sergio Peña.
Peña, quien había votado a favor del informe en la Comisión de Desarrollo Económico, contraviniendo la orden de abstenerse de apoyar la propuesta impulsada por ADN hasta incluir observaciones correístas, fue señalado como un «traidor» por sus compañeros de bancada. Este voto sorpresivo generó una fuerte reacción desde los líderes del movimiento, incluyendo un comunicado de Luisa González, excandidata presidencial y directora de RC, quien afirmó que la acción de Peña «no corresponde al criterio técnico, legal ni constitucional analizado, ni a la decisión tomada dentro de la bancada».
El asambleísta respondió públicamente, defendiendo su autonomía como profesional y cuestionando la rigidez de la posición correísta. «La oposición debe ser propositiva. ¿Oponerse por oponerse? No, gracias», declaró Peña, quien argumentó que sus observaciones fueron acogidas en el informe final.
Este conflicto escaló rápidamente cuando Andrés Arauz, excandidato presidencial de RC en 2021, sugirió someter a Peña al código de ética del movimiento por «atacar a sus propios compañeros de bancada y no actuar como un equipo». Peña no se quedó callado y respondió públicamente, cuestionando la dinámica interna del partido:
«Estoy de acuerdo en que las cosas se trabajan en equipo. Eso coméntale a los tres o cuatro que quieren manejar todo entre ellos e imponer».
La tensión entre Peña y la bancada correísta comenzó antes de este episodio. Su nombramiento como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y posterior integración al Comité de Ética, ambos impulsados por ADN, generaron descontento dentro del movimiento.
Con la salida de Peña, Revolución Ciudadana queda reducida a 65 representantes en la Asamblea Nacional, ampliando aún más la desventaja numérica frente a Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Mónica Salazar, quien renunció al movimiento al inicio del período legislativo, fue la primera baja significativa, seguida ahora por Peña.
La asambleísta Patricia Núñez intentó calmar las aguas al negar que en RC exista una obligación de votar siguiendo órdenes de los líderes máximos, aunque reconoció que el buró político delinea las posturas ante temas clave. Sin embargo, Jahiren Noriega dejó claro que «un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización».
Por su parte, Peña reaccionó a su expulsión con un mensaje críptico en redes sociales: «Las manzanas podridas se oponen a todo».
La expulsión de Sergio Peña marca un nuevo capítulo en las tensiones internas del correísmo. Mientras algunos miembros defienden la disciplina partidaria, otros cuestionan la falta de flexibilidad dentro del movimiento. Este episodio podría tener implicaciones significativas en la estrategia legislativa de Revolución Ciudadana en los próximos meses.
