El Decreto Ejecutivo 57, emitido por el presidente Daniel Noboa, ha generado alarma entre los servidores públicos de Ecuador. La normativa, que regula la Ley de Integridad Pública, permite cesar a funcionarios por “necesidad institucional” y a discreción de la autoridad laboral, desatando críticas por posibles despidos arbitrarios y violaciones a la estabilidad laboral.
El 26 de junio de 2025, entró en vigor la Ley de Integridad Pública, que reformó la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Entre sus principales cambios, el Decreto 57, emitido por el presidente Daniel Noboa, establece que los servidores públicos, especialmente aquellos con nombramientos provisionales, pueden ser destituidos sin previo aviso, evaluación de desempeño ni justificación específica, siempre que se argumente una “necesidad institucional”. Esta disposición ha encendido las alarmas entre los trabajadores del sector público, quienes temen una oleada de despidos arbitrarios.
Según representantes de los trabajadores, como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la normativa elimina garantías históricas de estabilidad laboral. Edwin Bedoya, presidente de turno del FUT, señaló que “la eliminación del artículo 89 de la LOSEP abre la puerta a despidos arbitrarios, vulnerando el debido proceso y los derechos de los servidores de carrera”. Además, el Ministerio del Trabajo ahora tiene la facultad de realizar evaluaciones de desempeño semestrales, cuya calificación “insuficiente” puede derivar en la destitución inmediata tras un sumario administrativo de 30 días.
Los nombramientos provisionales, que no otorgan estabilidad laboral según la LOSEP, son los más afectados. Aunque la legislación ecuatoriana reconoce una “expectativa laboral” para quienes han ocupado estos cargos por más de cinco años, el Decreto 57 no contempla esta protección, permitiendo ceses discrecionales. Por su parte, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha defendido la reforma, argumentando que las evaluaciones buscan garantizar la “excelencia” en el servicio público y que no son una novedad, sino una aplicación más estricta de la LOSEP.
Sin embargo, la oposición y los sindicatos han cuestionado la constitucionalidad de la normativa. Hasta el 7 de julio de 2025, se registraron siete demandas por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, cinco de ellas relacionadas con las reformas a la LOSEP, argumentando una regresión de derechos laborales. Los críticos advierten que el reglamento podría facilitar la remoción de servidores sin debido proceso, afectando especialmente a sectores clave como salud, educación y seguridad.
El Decreto 57 ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la eficiencia en el sector público y la protección de los derechos laborales. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de optimizar el servicio público, los trabajadores exigen claridad y garantías para evitar despidos injustificados. La resolución de las demandas ante la Corte Constitucional será clave para determinar el futuro de miles de servidores públicos en Ecuador.
