La pugna entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional (CC) escaló a un ámbito inesperado: el inmobiliario. Por un día, el Ministerio de Energía y Minas exigió a la Corte desalojar el edificio que ocupa en Quito, una acción que generó incertidumbre antes de ser anulada, dejando en evidencia la creciente tensión entre los poderes del Estado.
El 19 de agosto, la Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Energía, Nancy Uriarte, envió un oficio a la Corte Constitucional solicitando la terminación del Convenio de Cooperación Institucional que les permite utilizar el edificio Tamagar. En la misiva, se establecía un plazo de un mes para que los jueces y el personal desocuparan las instalaciones, ubicadas en las calles Tamayo y Lizardo García.
Sin embargo, el 20 de agosto, la misma funcionaria envió un segundo oficio dejando sin efecto el pedido de desalojo. Este breve pero significativo incidente es un reflejo de la fricción que ha caracterizado la relación entre el gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional en las últimas semanas. La pugna se ha intensificado luego de que la CC suspendiera temporalmente artículos de tres leyes clave impulsadas por el Ejecutivo, tras aceptar demandas de inconstitucionalidad.
Convenio vigente y compromiso de renovación
El uso del edificio Tamagar por parte de la Corte Constitucional se rige por un convenio firmado el 26 de abril de 2019, al que se le añadió una adenda en 2022 con un plazo de cinco años. A pesar de que el Ministerio de Energía podía revocar el acuerdo con 30 días de anticipación, la Corte ya había iniciado el proceso de renovación.
En septiembre de 2023, la Corte Constitucional solicitó la renovación del convenio. El Ministerio de Energía, en ese entonces, realizó una inspección en febrero de 2024, constatando que la Corte cumplía con los pagos de servicios y mantenimiento, a excepción de la pintura de la fachada. La Corte se comprometió a realizar esta mejora, y el Ministerio autorizó la renovación por tres años más, firmándose el nuevo acuerdo el 19 de abril de 2024.
La cláusula de terminación del convenio, según el Código Civil, solo contempla el vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, incumplimiento de obligaciones o causas de fuerza mayor. Esto hace que el primer pedido de desalojo, que se revirtió al día siguiente, sea aún más llamativo en el contexto de la pugna política.
