El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió este 12 de enero de 2026 no admitir a trámite la solicitud de juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Con esta decisión, el Legislativo cierra la posibilidad de ejercer control político sobre los consejeros que participaron en la polémica designación de Mario Godoy como presidente de la Judicatura.
Inconsistencias en firmas y errores en la identificación La solicitud, impulsada por el asambleísta Luis Molina (RC), fue frenada tras el informe técnico de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que detectó fallos insubsanables en el documento:
- Fallas en Firmas Electrónicas: De las 42 firmas presentadas, 16 presentaron inconsistencias en su integridad electrónica. Todas las rúbricas observadas pertenecen a la bancada de la Revolución Ciudadana.
- Error de Identidad: El informe reveló una falta de coherencia grave al mencionar a una persona ajena al proceso (Jimmy Daniel Martin Delgado) en lugar de los consejeros señalados.
Los consejeros implicados El proceso pretendía fiscalizar a Xavier Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán. Sin embargo, al no cumplir con los artículos 131 de la Constitución y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL determinó el archivo inmediato del pedido.
Esta resolución implica que, mientras el proceso contra Mario Godoy avanza en la Comisión de Fiscalización, los miembros del CPCCS que lo eligieron quedan exentos de este proceso administrativo.
