Tras un intenso primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado sábado 14 de febrero, el proyecto de Ley para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) retornó a la Comisión de Desarrollo Económico. Este lunes 16 de febrero de 2026, la mesa legislativa sesionó de forma virtual para integrar observaciones clave de la Contraloría y el Ministerio de Finanzas. La jornada reveló datos alarmantes sobre la gestión en la provincia de El Oro y nuevas propuestas del Ejecutivo para flexibilizar la aplicación de la norma ante las críticas por la autonomía municipal.
Radiografía de la Contraloría: El Oro bajo la lupa
La subcontralora General del Estado, Gabriela Sulca, presentó un informe detallado de las auditorías ejecutadas entre enero de 2024 y febrero de 2026. Durante este periodo, se aprobaron 741 informes generales, resultando en 206 Indicios de Responsabilidad Penal (IRP).
El punto más crítico se localiza en la provincia de El Oro, donde el número de indicios penales (26) supera al de informes generales aprobados (18). Según Sulca, esto evidencia un «riesgo extremo» de fraude y corrupción en los municipios de dicha jurisdicción, sugiriendo la necesidad de auditorías especializadas.
Detalle de hallazgos por provincia (Ene 2024 – Feb 2026):
A nivel nacional, los municipios acumulan 452 informes y 137 indicios penales. El ranking de alertas es el siguiente:
| Provincia | Informes Generales | Indicios Penales (IRP) | Nivel de Alerta |
| El Oro | 18 | 26 | ⚠️ Extremo |
| Azuay | – | 18 | ⚠️ Alto |
| Pichincha | – | 17 | ⚠️ Alto |
| Loja | – | 9 | Moderado |
| Guayas | – | 8 | Moderado |
| Manabí | – | 5 | Moderado |
Finanzas propone gradualidad en la inversión
La viceministra de Economía, Daniela Contento, defendió la urgencia de la ley señalando una baja ejecución presupuestaria. En 2024, los municipios recibieron USD 6.000 millones, pero solo destinaron el 24,30% a inversión real, mientras que las prefecturas alcanzaron el 32,62%.
Para viabilizar la norma, el Ministerio propuso tres cambios estratégicos en las disposiciones transitorias:
- Gradualidad: La meta de inversión obligatoria no será inmediata. Se exigirá un 65% en 2026, subiendo al 68% en 2027 y llegando al 70% en 2028.
- Nuevos rubros: Se permitirá que gastos en estudios, investigación y servicios técnicos (subgrupo 7306) cuenten como inversión y no como gasto corriente.
- Cronograma de control: El seguimiento oficial iniciará el 1 de diciembre de 2026, evaluando la gestión desde junio de ese año.
«Esta reforma envía un mensaje claro: los recursos públicos deben priorizar obras. No queremos más fiestas, queremos salud y vivienda», enfatizó Contento.
Un escenario político polarizado
El debate legislativo mantiene una división profunda. Mientras la bancada de ADN sostiene que la ley frenará el «despilfarro», la Revolución Ciudadana y el PSC denuncian una vulneración a la autonomía y el riesgo de cierre de proyectos sociales.
Líderes locales como Pabel Muñoz (Quito) y Paola Pabón (Pichincha) argumentan que la ley asfixiará programas de atención prioritaria, como los centros Warmi, al clasificarlos erróneamente como gasto corriente. Además, recuerdan que el Gobierno Central mantiene una deuda pendiente con los GAD de aproximadamente USD 600 millones.
La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, confirmó que las comparecencias continuarán para pulir el informe final. El proyecto, calificado como económico urgente por el presidente Daniel Noboa, debe ser resuelto antes de que finalice febrero.
