En una resolución que marca un nuevo revés jurídico para la Revolución Ciudadana (RC5), el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la noche del 7 de mayo de 2026 una sanción económica de USD 18.000 (equivalente a 40 salarios básicos unificados) contra Luisa González Alcívar y Andrés Arauz Galarza. La medida responde a graves irregularidades detectadas en el manejo de los fondos de campaña durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.
Los responsables y el fallo definitivo
La sentencia de la causa 575 confirma la responsabilidad de Estefanía Molina Freire, quien fungió como encargada del manejo económico de la campaña, así como de González y Arauz en su calidad de responsables solidarios. Según el Tribunal, los candidatos tienen el deber ineludible de vigilancia sobre el financiamiento de sus campañas, al ser los beneficiarios políticos directos de dichos recursos.
La resolución contó con el voto a favor de casi todo el pleno, con la única excepción del juez suplente Richard González Dávila, quien emitió un voto salvado alegando presunta inseguridad jurídica. Los jueces descartaron los argumentos de la defensa sobre una supuesta prescripción, confirmando que la denuncia se presentó dentro del plazo legal de dos años.
Las 10 observaciones críticas: El dinero bajo la lupa
El TCE fundamentó su decisión en al menos 10 observaciones críticas que el equipo financiero del correísmo no pudo justificar ante los informes técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre las irregularidades más graves se encuentran:
- Propaganda no reportada: El monitoreo electoral detectó publicidad por un valor estimado de USD 174.930 que nunca fue declarada.
- Aportes sin respaldo: Se hallaron contribuciones por USD 6.400 que carecen de documentación que acredite su origen.
- Faltas administrativas: Apertura tardía de cuentas bancarias y del Registro Único de Contribuyentes (RUC), lo que dificultó el rastreo de los flujos de dinero en tiempo real.
Reacción de Rafael Correa: «Escandaloso»
Desde el exterior, el expresidente Rafael Correa reaccionó de inmediato a través de su cuenta en la red social X. El líder de la RC5 calificó la sentencia como «escandalosa». Correa centró su crítica en el hecho de que se sancionara a la responsable financiera Molina Freire, en lugar de Santiago Díaz, exgerente de campaña y actual delator en el caso «Caja Chica», quien además enfrenta procesos penales por otros delitos graves.
Implicaciones legales: El caso pasa a la Fiscalía
Más allá de la multa económica, que deberá ser pagada de forma total o compartida por los sancionados, la resolución tiene una implicación legal mucho más profunda. El pleno del TCE ordenó remitir copias certificadas de todo el expediente a la Fiscalía General del Estado. El objetivo es que se inicie una investigación penal sobre el origen real de los aportes y la omisión deliberada de la publicidad electoral no reportada, lo que podría derivar en delitos de mayor gravedad.
Con esta resolución, la Revolución Ciudadana suma un total de 25 denuncias por infracciones electorales en apenas dos años, evidenciando un cerco jurídico sobre el manejo financiero del movimiento político.
