El juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui ratificó este 24 de abril de 2025 la prisión preventiva para Steeven P., un docente acusado de abuso sexual contra más de 20 niños en una institución educativa de Sangolquí. El caso ha conmocionado a la comunidad local y provocado una fuerte reacción por parte de las autoridades.
Steeven P., quien se desempeñaba como profesor de educación física, fue detenido en flagrancia tras recibir denuncias de varios padres de familia. Según los testimonios de los menores, de entre 5 y 6 años, el docente los tocaba de manera indebida y los amenazaba con prohibirles jugar fútbol si revelaban lo ocurrido. Una niña de tan solo 2 años y 8 meses también habría sido víctima del presunto abuso.
El hecho habría ocurrido el 24 de marzo de 2025 durante clases matutinas en el plantel educativo. Desde entonces, las investigaciones han identificado más de 20 posibles víctimas, lo que amplía el alcance del caso y genera preocupación sobre la seguridad de los estudiantes en entornos escolares.
El juez negó la solicitud de sustitución de medida cautelar presentada por la defensa del imputado, argumentando la gravedad de los cargos y el riesgo de que el acusado pueda influir en los testigos o reiterar su conducta. El caso actualmente se encuentra en etapa de instrucción fiscal.
Por su parte, el Ministerio de Educación ha abierto un proceso administrativo disciplinario contra Steeven P. Este procedimiento está en curso y los resultados finales están previstos para junio de 2025. La institución educativa donde ocurrieron los hechos enfrenta críticas por no haber detectado ni prevenido estos actos dentro de sus instalaciones.
La comunidad educativa y los familiares de las víctimas exigen justicia y medidas urgentes para garantizar la protección de los niños en las escuelas. Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y prevención en instituciones educativas para evitar tragedias similares.
Mientras continúa el proceso judicial, las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Los familiares de las víctimas piden que el caso sirva como un llamado de atención para reforzar la seguridad infantil en todos los niveles del sistema educativo.
