La preocupación crece entre los padres de familia del cantón Rumiñahui, en Quito, ante la posible liberación de un docente detenido por presunto abuso sexual a 14 estudiantes de una institución educativa. Este jueves 24 de abril concluye el periodo de instrucción fiscal, y el implicado ha solicitado la modificación de su prisión preventiva.
El caso salió a la luz el pasado 22 de marzo, cuando se presentó la primera denuncia formal contra el docente, lo que desencadenó una serie de investigaciones y la activación de protocolos de protección por parte del Ministerio de Educación. Desde entonces, se han registrado un total de 14 denuncias formales, según confirmó Patricio Moreno, subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, en entrevista con PRIMICIAS.
“Desde el primer instante hemos trabajado en conjunto con los padres, garantizando la aplicación de los protocolos de protección y seguimiento al caso”, señaló Moreno. El Ministerio ha realizado múltiples acciones para apoyar a las familias afectadas, incluyendo asesoría legal y psicológica, reuniones con la comunidad educativa y la intervención administrativa de la institución involucrada.
Además, se ha facilitado el traslado de estudiantes a otras escuelas fiscales, asegurando la entrega de expedientes y la habilitación de cupos en nuevas instituciones. “Estamos trabajando para garantizar el derecho a la seguridad de los estudiantes y velar por una atención integral a la comunidad educativa. Tenemos una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, la principal inquietud de los padres radica en el vencimiento del plazo de instrucción fiscal este jueves 24 de abril. Este hito procesal podría abrir la puerta a un cambio en la medida cautelar del docente, quien ha solicitado la revisión de su prisión preventiva. Aunque el Ministerio de Educación no actúa como parte acusadora directa en el proceso judicial, mantiene comunicación constante con los abogados de las familias afectadas para brindarles apoyo.
Moreno hizo un llamado a los padres de familia a mantenerse vigilantes y reportar cualquier señal de alarma: “Son ellos quienes, como en este caso, identificaron los primeros indicios y permitieron activar los protocolos de protección”. El Ministerio reiteró su compromiso de acompañar a las familias durante todo el proceso y trabajar en la erradicación de cualquier forma de violencia dentro del sistema educativo.
Este caso pone de manifiesto la importancia de los protocolos de protección y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y denuncia en el ámbito educativo. Mientras tanto, los padres de familia esperan que la justicia actúe con rigor para garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que hechos como este se repitan.
