El Gobierno de Ecuador anunció este 24 de julio de 2025 una profunda reorganización del Poder Ejecutivo, que reduce de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías, en lo que representa una reducción del 41% en las carteras de Estado. La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 60, busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia administrativa y racionalizar el gasto público.
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, dio a conocer los detalles de la nueva estructura del Ejecutivo, que fusiona varias carteras estratégicas. Entre las más afectadas por ampliación funcional están el Ministerio de Educación y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que absorberán competencias de otras entidades desaparecidas.
Aunque aún no se ha confirmado si los exministerios se convertirán en subsecretarías o viceministerios, la nueva conformación incluye:
Ministerio de Educación, que integrará funciones de cultura, deporte y educación superior.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que asumirá responsabilidades de desarrollo urbano y vivienda.
Secretaría de Educación Superior, que mantiene autonomía técnica pero bajo coordinación del nuevo modelo.
Viceministerio de Acuacultura y Pesca, creado tras la fusión de funciones previamente dispersas.
Nuevas secretarías técnicas enfocadas en inversiones público-privadas, prevención de asentamientos irregulares y erradicación de la desnutrición crónica infantil.
Además, se mantienen entidades estratégicas como el Servicio Nacional de Atención Integral (Snai), el ECU-911, y ministerios clave como Gobierno, Energía, Ambiente, Interior, Producción, Turismo y Agricultura y Ganadería.
Como parte del proceso, se prevé la desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos, principalmente del ámbito administrativo, la Función Ejecutiva y el IESS, en el marco de una política de austeridad fiscal. El presidente Daniel Noboa destacó que la medida no afectará servicios esenciales, sino que busca eliminar duplicidades y fortalecer la gestión estatal.
Esta reestructuración marca uno de los cambios más profundos en la administración pública en la última década. Si bien genera expectativas sobre mayor eficiencia, también abre debates sobre el impacto laboral y la capacidad del Estado para integrar funciones complejas sin afectar la calidad de los servicios públicos.
